En Defensa de la Salud y la Vida del Presidente Gonzalo

Por Kyle Rosse

Este mes, el Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos (CEBRASPO) y la Asociación Brasileña de Abogados del Pueblo (ABRAPO) se unieron a la llamada internacional solicitando que el Estado peruano conceda al Presidente Gonzalo (Abimael Guzman Reynoso) salir en arresto domiciliario de su prisión en el base naval del Callao, basada en su vulnerabilidad a COVID-19.

El presidente Gonzalo, que ahora tiene 85 años, ha estado en su celda subterránea desde su captura por el estado peruano en 1992 y condenado por el gobierno fascista de Fujimori más tarde ese año. Es un prisionero de guerra que ha tenido apoyo internacional durante décadas, pidiendo su libertad. Su abogado (parte de la Línea Oportunista de Derecha en Perú a través de MOVADEF) inició la apelación para poner al presidente Gonzalo en arresto domiciliario para que se pueda asegurar el distanciamiento social y que sus otras dolencias médicas puedan ser tratadas adecuadamente.

En su declaración, CEBRASPO y ABRAPO destacan las condiciones insalubres en las cárceles peruanas y brasileñas y señalan que los tribunales peruanos ya han enviado prisioneros por delitos no políticos a su país bajo arresto domiciliario debido a la epidemia.

“La notoria condición insalubre de las cárceles en Perú recientemente dio lugar a una rebelión, debido a la falta de alimentos y la profundización de la precariedad de las personas privadas de libertad en el contexto de COVID-19,” se lee en el comunicado. “La rebelión en la prisión de El Milagro [y] en Trujilo [también] se informó en el comunicado 066 de la [Comisión Interamericana de Derechos Humanos].”

CEBRASPO y ABRAPO concluyen subrayando cómo en Brasil nadie puede ser encarcelado por más de 30 años, sin importar cuál sea su sentencia. Si el presidente Gonzalo hubiera sido encarcelado en Brasil, estaría fuera en solo un par de años. Incluso a la luz de la condición del presidente Gonzalo como prisionero político, no excusa, se lee en el comunicado, la observancia de los derechos básicos para los prisioneros. En este caso, el arresto domiciliario está totalmente justificado.