Más de Cien Cargos Retirados de las Protestas de Verano y Otras Luchas

Por David Martinez

En una victoria del movimiento en curso para retirar los cargos de los miles de manifestantes en todo el país, el fiscal del condado de Travis, David Escamilla, ha dicho que no procesará a 104 de los 178 arrestos que ocurrieron en las protestas desde los levantamientos de mayo. 

Además, las activistas informaron que se han retirado muchos cargos de una marcha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora encabezada por el Movimiento Femenino Popular. También se retiraron varios cargos de una serie de protestas contra el Dominio en Riverside, un potencial proyecto de lujo en el este de Austin. También hay informes de que se están retirando los cargos asociados con una acción de desaceleración de automóviles en solidaridad con las huelgas de alquiler del 1 de mayo, durante el Día Internacional del Proletariado.

La policía arresta a manifestantes en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo

Como Fiscal del Condado, Escamilla supervisa el enjuiciamiento de delitos menores. La fiscal entrante del condado, Delia Garza, ha declarado públicamente antes de su elección que también retiraría los cargos contra los manifestantes.

Los acusados de delitos graves no vieron sus cargos desestimados, ya que son procesados por el Fiscal de Distrito. La fiscal del distrito actual, Margaret Moore, ha seguido persiguiendo agresivamente los cargos por delitos graves y está ayudando a la caza de brujas de Trump al enjuiciar a los Tres Perseguidos, acusándolos de ser “antifa”.

Muchos miembros de la comunidad con múltiples arrestos por su activismo tampoco han visto sus cargos retirados, el estado muestra su interés en mantenerlos atados en el tedioso proceso legal y en atraer el escrutinio sobre ellos.

Un representante de Drop the Charges (Retirar los Cargos), una coalición centrada en los esfuerzos para desestimar los cargos contra los manifestantes, dijo a Tribune que los cargos retirados son “motivo para celebrar y muestra que tenemos que seguir creando conciencia y apoyar a los manifestantes, y negarnos a aceptar acuerdos de declaración de culpabilidad que dejan marcas en la vida de las personas por luchar por sus creencias.”

Algunos manifestantes aceptaron acuerdos con la fiscalía para reducir los cargos que resolvieron sus casos antes, pero los cargos permanecen en su registro, y esto también rompe la solidaridad con otros que enfrentan el enjuiciamiento. La resistencia a las acusaciones en masa complica la capacidad del estado para enjuiciar y gravar el sistema legal, y muestra que la intimidación del estado no disuadirá a los manifestantes ni los obligará a confesarse culpables a los delitos. 

Escamilla ha tratado de enmarcar esos cargos que no ha retirado como casos de “daños a la propiedad,” tratando de aislar a los manifestantes más militantes.

La gran cantidad de cargos retirados deja en claro que, para empezar, la base de los arrestos de la policía era endeble. La policía arresta brutalmente a la gente a su antojo, hace acusaciones falsas y tuerce a sabiendas la interpretación de las leyes burguesas.

José Garza, el fiscal entrante, no ha hecho declaraciones con respecto a retirar los cargos por delitos graves. Garza asumió el cargo cortejando a los manifestantes en el Movimiento por las Vidas Negras, esencialmente traficando con sus luchas, y su negativa a comprometerse a retirar los cargos por delitos graves solo destaca que él sirve a la agenda reaccionaria de dividir a los manifestantes en buenos y malos, sosteniendo a la policía como la autoridad sobre el tema. El movimiento debe redoblar sus esfuerzos contra Garza y las cazas de brujas que han plagado a los activistas desde mayo, con el aumento de luchas militantes. 

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