Perú: Campesinos rebelan después del asesinato policial de un manifestante

Por Giovanna Schaidhauer

El siguiente artículo es una traducción no oficial de A Nova Democracia sobre los recientes levantamientos campesinos en Perú.

El 3 de noviembre, un campesino fue asesinado en La Libertad por la policía durante una huelga contra la explotación y opresión del latifundium (grandes terratenientes), desencadenando una rebelión en los departamentos de La Libertad (norte del país) e Ica (sur), donde también se estaba llevando la huelga. El 4 de diciembre, los trabajadores de las fundiciones de minerales La Oroya también se unieron a las manifestaciones. El 6 de diciembre, después de un día combativo de protestas, el gobierno revocó la ley que había provocado la revuelta.

Campesino Jorge Muñoz Jiménez, de 19 años, fue asesinado por agentes de policía que reprimieron el bloqueo de los trabajadores en la Carretera Panamericana, exigiendo sus derechos más básicos. Fueron atacados con armas de fuego y bombas de gas lacrimógeno mientras trataban de avanzar hacia el lado norte de la misma carretera.

La manifestación tuvo lugar contra la ley 27360, promulgada como “provisional” bajo el régimen de Fujimori en 2000, pero que fue prorrogada por los otros presidentes hasta 2031. Dicha ley elimina todos los derechos de los campesinos en favor del latifundio.

El padre del campesino, negando la versión policial de que los agentes sólo usaban balas de goma contra la manifestación, denunció: “Fue una marcha pacífica del pueblo en Valle de Dios, y la policía lanzó bombas de gas lacrimógeno. A mijo le dispararon en la cabeza y lo mató. Recientemente estaba comprometido, tenía un niño pequeño, y ahora, ¿qué sigue?” El padre del joven también dijo que tenía los cartuchos de la policía con él.

El Ministerio de Salud del Perú informó que había 44 heridos el 3 de diciembre, en enfrentamientos con la policía en la carretera Panamericana, 37 en Ica y siete en La Libertad.

Trabajadores se levantan por todo el país

Aproximadamente 8 mil personas participaron en las manifestaciones del 3 de diciembre, a lo largo de los 16 kilómetros de la carretera Panamericana en el norte, a las que se unieron trabajadores de Camposol, un exportador multinacional imperialista de frutas. Los trabajadores de Talsa se unieron a la huelga el 4 de diciembre.

Sin embargo, la huelga comenzó el 31 de noviembre, en el sur, en Ica, una región de grandes plantaciones de espárragos, arándanos y uvas, pero también de gran estrés hídrico (una situación en la que la demanda de agua es mayor que su disponibilidad y capacidad de renovación) generada por el latifundio, que causó profundos daños al suelo local. Los trabajadores de Ica, que se movilizaron de forma independiente y no están organizados en sindicatos, exigieron la derogación de la Ley 27360.

“Todas las actividades se detuvieron, no hay cosechas, no hay nada. Las uvas y los espárragos se están echando a perder, estamos en medio de la temporada para estas dos cosechas,” dijo Fernando Cilloniz, un exportador de uvas, al monopolio de la prensa reuters sobre los obstáculos.

Perú es el mayor exportador mundial de arándanos, además de producir grandes cantidades de uvas, aguacates y espárragos.

Obreros metalúrgicos unen a la lucha

El 4 de diciembre, los trabajadores de la fundición de minerales La Oroya, un departamento con gran explotación mineral, bloquearon la Carretera Central contra el desempleo en la región debido al desmantelamiento del Complejo Metalúrgico Don Roe Perú. Unos 2.500 trabajadores podrían perder su empleo.

Los metalúrgicos exigen que el antiguo estado les transfiera la empresa para que puedan reanudar la producción.

Beneficios exorbitantes para los terratenientes, pobreza para los campesinos

Cuando la Ley 27360, conocida como la “Ley de Promoción Agraria” fue promulgada por el fascista Fujimori, se anunció como provisional, sólo por cinco años, pero los gobiernos de Alejandro Toledo y Martín Vizcarra, respectivamente, la extendieron para permanecer en vigor hasta 2031.

La ley establece un régimen especial para el terrateniente exportador con el pago del impuesto sobre la renta del 15 por ciento -para el sector privado es del 29 por ciento- y una contribución menor a la seguridad social de los empleados.

El sector exportador de latifundium aumentó significativamente sus exportaciones y rentabilidad. “Entre 2000 y 2018 el valor de las exportaciones creció más del 1.000%, alcanzando los 6.000 mil millones de dólares, y en 2020 es uno de los únicos sectores que siguieron creciendo en una pandemia,” dice la antropóloga Ana Lucía Araújo. Sin embargo, los salarios de los trabajadores rurales se han ajustado por debajo del porcentaje promedio de inflación anual en el país, menos del 2% anual.

Los trabajadores de Ica, como Geraldine Martínez, explican que algunos de los “beneficios” de la ley, como las horas extras, las vacaciones, o la compensación por la duración del servicio y el seguro social de salud, no se materializan porque la mayoría de las empresas agroexportación (multinacionales imperialistas, grandes fincas) prefieren no tener ninguna relación laboral, externalizando la contratación.

Exigen, además de la anulación de la ley, el aumento del pago diario y de los contratos formales que les garanticen el derecho a vacaciones, la seguridad social y el reconocimiento de las horas extraordinarias.

El 2 de diciembre, en una reunión en Ica, una delegación de los Ministerios de Trabajo y Agricultura ofreció a los trabajadores, después de dos días de huelga, poner fin a los servicios que externalizan la contratación y aumentar el número de inspectores de trabajo en la región. Además, los ministerios propusieron derogar el capítulo sobre “régimen laboral” de la ley de promoción agrícola, también conocida como la Ley Chlimper, hecha por José Chlimper, el ex ministro de Agricultura del gobierno de Fujimori, cuyas empresas familiares se encontraban entre las que más se beneficiaron de la ley.

Des de 4 de diciembre, los campesinos en la lucha y el antiguo estado peruano aún no habían llegado a un acuerdo.

En 6 de diciembre, la ley fue oficialmente anulada después del gran día de las protestas. El Parlamento tendrá 15 días para preparar una nueva reforma.